Diputados aprueban homologar catastros y registros; oposición alerta por posible intervención en bienes

Diputados de Morena y aliados aprobaron con 324 votos en pro el dictamen que homologa los catastros y los Registros Públicos en todo el territorio nacional, “para combatir la corrupción inmobiliaria, los despojos, los fraudes y la mala adquisición de bienes a partir del engaño”.

La oposición emitió 107 sufragios en contra, en tanto que la legisladora del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar fue el único voto en abstención.

El diputado de MC, Alfonso Vidales Vargas alertó que “el catastro y el registro pueden tener información personal, patrimonial, fiscal, geográfica y relacionada con la vivienda”.

“El propio dictamen advierte riesgos de acceso no autorizado, robo de identidad, fraude inmobiliario, extorsión, uso comercial indebido y vigilancia desproporcionada”, mencionó.

En la discusión en lo particular, se aprobó la reserva que presentó la diputada Elena Edith Segura, para agregar un inciso al artículo 5 de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

“Las autoridades responsables podrán colaborar y coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, dentro del ámbito de sus respectivas competencias”, indica la modificación aprobada.

En su fundamentación como presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía aseguró que “el propósito de esta nueva ley es muy claro: contar con información confiable sobre los patrimonios inmobiliarios y las instituciones que brindan certeza jurídica a la propiedad”.

“Habrá una clave única catastral que permitirá identificar cada inmueble. Esto será una especie de CURP para cada inmueble, para que no haya que aparece un mismo inmueble con dos propiedades”, destacó.

Mejía, diputado del Partido del Trabajo aclaró que “lo que se plantea es coordinación, no centralización”.

“La ley prevé también consecuencias por el incumplimiento en términos de las Leyes de Responsabilidades Administrativas federal y locales aplicables”, recordó.

El diputado del PT reiteró que “el dictamen busca que ambas instituciones, los catastros y los registros públicos compartan información de manera segura y puedan descubrirlas de manera oportuna, para corregirlas conforme a la ley”.

Diputados de la oposición presentaron mociones suspensivas en un intento por suspender la discusión del proyecto, como la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Nancy Olguín por “faltas graves que anulan completamente la validez de este procedimiento”.

“Este dictamen nació violando la norma constitucional, pues la reforma que le dio origen estableció el mandato claro, irrenunciable e ineludible de consultar y escuchar formalmente la opinión de las entidades federativas y de los municipios de México”, apuntó.

La diputada del PAN advirtió que “si permitimos que el gobierno central tome el control absoluto sobre los registros inmobiliarios y catastros, le abrimos la puerta para intervenir en sus bienes, alterar los valores de sus inmuebles, vigilar su patrimonio sin contrapeso”.

“No podemos entregar a ciegas el patrimonio de las y los mexicanos. Por lo que decimos, desde Acción Nacional, no lo vamos a permitir”, remarcó, aunque los legisladores de la 4T votaron en contra de suspender la discusión.

Uno más fue el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Ramírez, que resaltó que “con estas palabras se permite que la federación intervenga en atribuciones que constitucionalmente no le corresponden”.

“Y para ello, curiosamente, en los transitorios le dan a la Agencia 30 días, sólo 30 días para emitir los lineamientos y habilitar las plataformas.

Entonces, resulta evidente que buena parte de ese trabajo ya está definido, ya está incluso escrito y que a esta Cámara la toman únicamente como oficialía de partes para hacer un trámite de lo que el Ejecutivo ya decidió”, subrayó.

Su compañera de bancada, Iraís Reyes enfatizó que “el artículo 7 del dictamen plantea que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de diseñar los planes nacionales, definir los modelos de homologación, desarrollar y administrar las plataformas, emitir los estándares técnicos, habilitar los accesos y supervisar la implementación en estados y municipios, eso rebasa a una simple homologación”.

“Si una sola agencia federal diseña, controla, supervisa todo, entonces no estamos ante un modelo de coordinación, estamos ante una centralización tecnológica que contradice el espíritu del artículo 115 constitucional y la propia reforma, de 2013, a la fracción XXIX del artículo 73, donde la oposición, incluyendo legisladores que hoy integran la mayoría parlamentaria, advirtió que homologar no debía significar centralizar”, remarcó.

Carmen Rocío González, diputada del PAN, subió a tribuna para dejar la pregunta: “¿quién va a pagar esta implementación? La iniciativa obliga a los congresos locales a realizar adecuaciones y prever recursos para su implementación, pero al mismo tiempo establece que no habrá recursos federales adicionales, para cumplir con estas nuevas obligaciones”.

“Sólo se limitan a decir en el dictamen, que de acuerdo a lo que Sedatu determine en sus presupuestos, sujetándose al Presupuesto de Egresos. Entonces, si no hay presupuesto, que hasta hoy no lo hay, esto es letra muerta”, enfatizó.

La diputada del PAN comentó que “no se establece una real obligación para la federación, es decir, la federación impone la obligación, pero los estados y municipios pagan la cuenta”.

El maratón legislativo que inició a las 11:15 de la mañana del martes concluyó 16 horas después, en la madrugada de este miércoles a las 3:25 horas, con la votación en lo particular del dictamen con 299 votos en pro de los diputados de la 4T y 92 de la oposición y pasó al Senado de la república para su discusión y votación.

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